La reciente confirmación de la Procuraduría General de la Nación sobre la suspensión del canciller Álvaro Leyva por tres meses ha provocado una reacción contundente del presidente Gustavo Petro, quien no ha dudado en expresar su descontento y lanzar críticas contra el ente de control. La suspensión, relacionada con irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes, ha sido vista por el mandatario como un acto de injusticia, especialmente al compararla con la falta de sanciones en el caso del escándalo de Centros Poblados, donde se perdieron $70.000 millones destinados al internet de los niños.
El presidente Petro, utilizando su cuenta personal de X, ha cuestionado abiertamente la decisión de la Procuraduría, destacando la ausencia de medidas similares contra funcionarios del gobierno anterior involucrados en el caso de Centros Poblados. Según Petro, es incomprensible cómo se permite el robo de fondos destinados a servicios esenciales sin consecuencias, mientras que se sanciona a un ministro que, en su opinión, se interpuso en negocios cuestionables relacionados con el cobro de peajes, el escrutinio de elecciones y la gestión de pasaportes y datos de seguridad social.
La Procuraduría, por su parte, ha mantenido su postura, insistiendo en que la sanción contra Leyva no es un ataque al gobierno, sino el resultado de una evaluación legal y procesal rigurosa de las acciones y comunicaciones del canciller, quien continuó representando a la Cancillería a pesar de estar apartado del cargo. Este escenario ha llevado a la entidad a iniciar formalmente una investigación disciplinaria y a solicitar a la Fiscalía evaluar posibles conductas penales.
La suspensión de Leyva ha generado un intenso debate sobre la equidad y consistencia de las medidas disciplinarias en Colombia, especialmente en un contexto donde la gestión gubernamental y la integridad de los procesos de contratación pública están bajo escrutinio. Mientras tanto, el presidente Petro se enfrenta a la tarea de designar un ministro encargado, en un momento donde la transparencia y la justicia parecen estar en el centro de la controversia política del país.
