La Procuraduría General de la Nación ha emitido un auto de 19 páginas en el que confirma que Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, no podrá realizar más viajes oficiales debido a que no es considerada una funcionaria pública. La Procuraduría demandó la nulidad del decreto 0035 del 12 de enero, por el cual el presidente Petro nombró a su esposa como embajadora en Misión Especial.
Según los decretos que regulan las comisiones de empleados públicos y definen los viáticos para ellos, Alcocer no es servidora pública ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones ni de viáticos regulados para los servidores públicos. Esta decisión se da en el marco de una investigación de La Silla Vacía sobre el séquito de Alcocer, que reveló que el gobierno Petro paga un extravagante séquito de funcionarios que cuesta 1.000 millones de pesos, incluyendo desde maquillador personal hasta fotógrafo profesional y su mejor amiga.
La Presidencia justificó que la esposa del presidente Petro desempeña labores para las que recibe asistencia administrativa, de seguridad y protocolo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Sin embargo, no se explicaron varios aspectos, como los altos salarios, los viajes internacionales para realizar otras funciones, y las actividades en eventos como el carnaval de Barranquilla y Colombiamoda.
La Procuraduría ha intervenido en este asunto, limitando los viajes de Alcocer y cuestionando la legalidad de su nombramiento como embajadora en Misión Especial, lo que representa un desafío para la administración de Petro.
