La Corte Constitucional ha vuelto a fallar en contra del gobierno de Gustavo Petro al declarar inexequible parte del decreto que otorgaba al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) la facultad de contratar directamente con organizaciones sociales, cabildos y organismos de acción comunal, sin límite de cuantía. Este es el segundo revés judicial que sufre el Ejecutivo en su intento de ampliar la contratación directa.
El gobierno había defendido estas facultades como una medida para promover la economía popular y abrir oportunidades a nuevos oferentes en la construcción de obras públicas. Sin embargo, la Corte señaló que las facultades extraordinarias concedidas al presidente en el Plan de Desarrollo de 2023 no incluían la posibilidad de crear un régimen excepcional de contratación para Invir, entidad escindida de Invías.
El fallo subraya la necesidad de que el presidente se ciña estrictamente a los poderes otorgados por el legislativo, y enfatiza que la contratación directa sin los debidos controles representa riesgos de corrupción. La Sala Plena concluyó que el decreto vulneraba el artículo 150 de la Constitución, el cual regula las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
Este fallo llega después de que, en junio, el Consejo de Estado también suspendiera provisionalmente otro decreto que permitía la celebración de convenios solidarios para la ejecución de obras con organismos territoriales y comunales de forma directa. Estas decisiones refuerzan los principios de transparencia y control en la contratación pública.
El presidente Petro defendió la medida antes de que fuera declarada inexequible, argumentando que la contratación directa con la comunidad no solo empoderaba a los ciudadanos, sino que también mejoraba la transparencia al reducir el control de «carteles» que monopolizan los contratos públicos. Sin embargo, expertos en temas de derecho y representantes políticos, como Hernán Cadavid, celebraron la decisión, advirtiendo sobre los riesgos de corrupción asociados a contratos sin control de cuantía.
A pesar de la decisión de la Corte, la ministra de Transporte, Constanza García, señaló que aún se mantienen vigentes otras disposiciones que permiten a las juntas de acción comunal y grupos étnicos seguir contratando dentro de los límites legales establecidos.
