Este fin de semana, las autoridades colombianas lograron un importante golpe contra el narcotráfico con la incautación de 8 toneladas de cocaína en el Caribe por parte de la Armada de Colombia y 2,3 toneladas adicionales en el puerto de Cartagena, en un operativo liderado por la Policía Nacional. Estas acciones subrayan el compromiso del gobierno de Gustavo Petro con la interdicción y la lucha contra el tráfico de drogas. Sin embargo, detrás de estos logros, persiste una pregunta clave: ¿por qué sigue habiendo tanta cocaína en el país?
A pesar de estos avances, las hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca continúan en aumento. Según datos oficiales, Colombia cerró el 2023 con 246.000 hectáreas de coca, 16.000 más que en 2022. Este crecimiento ha sido especialmente notorio en regiones como Putumayo y zonas protegidas, donde los narcotraficantes han expandido sus operaciones, aprovechando la falta de control estatal en áreas rurales y parques naturales.
El presidente Petro ha hecho énfasis en que su estrategia se centrará en la interdicción y las incautaciones de cargamentos de cocaína, como parte de un enfoque que busca reducir el tráfico en los puntos de salida, como puertos y aeropuertos. No obstante, el aumento en los cultivos evidencia una desconexión entre las acciones de incautación y la realidad en las zonas productoras, donde los programas de sustitución de cultivos han tenido un impacto limitado.
A la raíz del problema, muchos campesinos en regiones afectadas por el narcotráfico no cuentan con alternativas económicas viables. La falta de vías de acceso, la escasa tecnificación en los cultivos de sustitución y los bajos ingresos que ofrecen estos productos frente a la coca perpetúan la dependencia de los cultivos ilícitos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la producción, la realidad en el campo sigue siendo un reto formidable para la lucha antidrogas en Colombia.
