El 27 de agosto de 2024, el Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley ordinaria sobre Jurisdicción Agraria, un paso crucial para la implementación de un sistema especializado en la resolución de conflictos en el ámbito rural. La iniciativa, que inicia su trámite en la Comisión Primera del Senado, busca establecer un marco normativo claro para los jueces agrarios y garantizar una justicia efectiva en las zonas rurales de Colombia.
El proyecto de ley se enmarca dentro de un conjunto de reformas que comenzaron con un acto legislativo previo y que incluye tanto una ley estatutaria ya aprobada como esta ley ordinaria presentada por los ministros de Interior, Agricultura y Justicia. Con 80 artículos, el proyecto establece las competencias y procedimientos específicos para la resolución de disputas relacionadas con la tenencia de la tierra y otros asuntos agrarios, tomando en cuenta elementos del Código General del Proceso de Colombia.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, destacó que la ley proporcionará un procedimiento estructurado para los jueces agrarios, permitiéndoles resolver conflictos históricos con independencia y autonomía. “Esta ley fija el procedimiento, como un código de procedimiento agrario, para garantizar que los jueces cuenten con una guía establecida para cumplir con sus funciones y hacer justicia en el campo colombiano,” afirmó Cristo.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, enfatizó que el proyecto dotará a los jueces de las herramientas necesarias para resolver conflictos y evitar la violencia. Buitrago subrayó que la Jurisdicción Agraria ofrecerá a los campesinos un acceso directo a la justicia y contribuirá a la resolución pacífica de los conflictos sobre la tenencia de la tierra.
El proyecto es una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Gustavo Petro, y busca atender las inquietudes de diversas bancadas del Congreso. Según Cristo, la iniciativa puede convertirse en un punto clave del Acuerdo Nacional, demostrando un compromiso con la justicia y la paz en las áreas rurales del país. La creación de la Jurisdicción Agraria representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema judicial rural y en la garantía de derechos para los habitantes del campo.
