El reciente anuncio del gobierno sobre el aumento gradual del precio del diésel en $6.000 durante los próximos 18 meses ha generado gran preocupación entre transportadores y consumidores. Este incremento, que se hará en tres fases de $2.000 cada seis meses, podría elevar el costo de los fletes y los pasajes entre un 8% y un 36%, afectando directamente a los hogares colombianos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que esta medida es necesaria para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles (FEPC), el cual podría llegar a $11,6 billones sin el aumento del diésel. Según el funcionario, aunque el impacto en la inflación se estima en un 1,4%, los gremios del transporte advierten que el efecto será mucho más significativo, afectando tanto el transporte de carga como el de pasajeros.
Las organizaciones de transportadores han expresado su rechazo a esta decisión, argumentando que los costos adicionales no solo encarecerán el transporte público, sino que también se trasladarán al precio final de los alimentos y otros bienes esenciales. El impacto podría ser tal que algunos transportadores han advertido que, si no hay ajustes en las tarifas, simplemente dejarán de operar, generando un riesgo para la economía nacional.
Este ajuste en el precio del diésel también pone en evidencia las tensiones entre el gobierno y los transportadores, quienes consideran que no se han respetado los acuerdos alcanzados en mesas técnicas previas. La incertidumbre sobre cómo se desarrollará esta situación en los próximos meses mantiene en vilo a un sector clave para la competitividad y la estabilidad económica del país.
