La Contraloría Departamental de Antioquia ha lanzado una advertencia preocupante: el proyecto del Central Park de Bello requiere aproximadamente $60.000 millones adicionales para su finalización completa. Este anuncio se hizo durante una presentación ante la Asamblea de Antioquia, donde la contralora Enedith González expuso un informe técnico que señala la posibilidad de un detrimento patrimonial significativo relacionado con las obras del Parque Metropolitano Tulio Ospina.
El informe revela que el contrato 553 de 2022, destinado a la construcción y rehabilitación de las instalaciones del parque, carece de la cobertura necesaria para completar el proyecto de manera funcional. Entre las omisiones se encuentran elementos clave como la red contra incendios, un centro médico permanente, baterías sanitarias, dispositivos para el control de ruido, muros de contención, torres de control para juzgamiento deportivo, cerramiento perimetral, portones y plazoletas de acceso.
González enfatizó que, aunque los recursos asignados se invirtieron con la intención de poner en funcionamiento el parque, la planificación fue deficiente, dejando fuera aspectos cruciales para la operatividad del espacio. La contralora mencionó que esta situación configura un presunto daño al patrimonio público, estimado en cerca de $28.000 millones, debido a que el gasto público no ha satisfecho la necesidad para la cual fue destinado.
La preocupación entre los diputados antioqueños es palpable. Jonathan Roldán, quien convocó al debate, expresó su inquietud, calificando el proyecto como un «Mamut blanco» en lugar de un elefante blanco, debido a la magnitud de los recursos invertidos sin resultados visibles. Por su parte, el diputado Juan Esteban Villegas destacó los incumplimientos contractuales y los presuntos detrimentos patrimoniales, mientras que Walter Salas subrayó las posibles implicaciones penales de la gestión del proyecto.
Desde su inicio en 2018, el Central Park de Bello ha tenido una inversión contratada de más de $159.000 millones, con un avance físico del 91,6% y un avance financiero del 90,35%. Sin embargo, la falta de planificación adecuada y la necesidad de fondos adicionales plantean serias dudas sobre la viabilidad y transparencia del proyecto, lo que exige una vigilancia rigurosa y constante por parte de las autoridades.
