En una impactante declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), aseguró que altos funcionarios del Gobierno le solicitaron entregar contratos a la guerrilla del ELN para evitar la ruptura de las negociaciones de paz. Esta revelación, publicada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, añade un nuevo y preocupante capítulo al caso de corrupción más grave en la administración del presidente Gustavo Petro.
López afirmó que además de los contratos destinados a congresistas para facilitar las reformas y las elecciones locales de octubre de 2023, se le ordenó específicamente financiar al ELN. El objetivo de esta medida era evitar que el grupo armado, que había amenazado con retomar los secuestros de civiles, se levantara de la mesa de diálogos. Esta situación se agravó tras el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, lo que desató un escándalo internacional.
En su testimonio, López detalló que posee información crucial en su libreta, incluyendo nombres de ministros, altos funcionarios, alcaldes y contratistas que estarían involucrados en la entrega de contratos millonarios al ELN. «Lo que tengo en mi libreto podría poner en riesgo la paz total», afirmó López, sugiriendo que la revelación completa de estos datos podría desestabilizar los esfuerzos de paz del Gobierno.
El exdirector de la UNGRD también mencionó que su vida corre peligro, ya que ha recibido amenazas de grupos armados organizados que buscan silenciarlo. En su declaración, López señaló directamente al ELN y su influencia en el departamento de Arauca como factores clave en la crisis actual de seguridad y gobernabilidad.
El escándalo no se limita a la supuesta financiación del ELN. López implicó a nueve congresistas en la distribución de contratos, siguiendo instrucciones del ministro Ricardo Bonilla y otros altos funcionarios. Entre los mencionados se encuentra el conservador Wadith Manzur. La Corte Suprema ha abierto una investigación formal contra estos representantes y senadores, mientras que la Fiscalía está solicitando medidas de aseguramiento contra López y el exsubdirector Sneyder Pinilla.
La revelación de estos presuntos actos de corrupción y las amenazas del ELN de reanudar los secuestros generan una situación tensa y complicada para el Gobierno de Gustavo Petro, que aún no ha emitido una declaración oficial a través del alto comisionado para la paz, Otty Patiño.
