En una movida sin precedentes, el Congreso de la República aprobó la esperada reforma pensional del Gobierno Petro, un proyecto que ha generado tanto aplausos como polémicas. Con el respaldo de 88 representantes, el nuevo sistema promete revolucionar el esquema de jubilaciones en el país, estableciendo un modelo de pilares que combina Colpensiones y fondos privados. Esta reforma, que se espera entre en vigencia en julio de 2025, plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y posibles impactos a largo plazo.
El nuevo sistema de pensiones se organiza en cuatro pilares, con Colpensiones como el eje central. Todos los trabajadores estarán afiliados a este fondo público, mientras que aquellos con salarios superiores a 2,3 mínimos podrán cotizar en fondos privados para el excedente. Este cambio ha sido recibido con críticas por parte de académicos y gremios, que señalan el alto umbral salarial como un riesgo para las finanzas del Estado.
Uno de los aspectos más discutidos de la reforma es el régimen de transición, que asegura condiciones actuales a hombres con 900 semanas cotizadas y mujeres con 750 semanas al momento de la entrada en vigencia. Además, se han introducido beneficios específicos para las mujeres, como la reducción gradual de semanas necesarias para pensionarse y el reconocimiento de 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres hijos. Estos cambios buscan aumentar la cobertura y equidad del sistema.
Sin embargo, la reforma no está exenta de controversias. Desde la oposición se han levantado voces que advierten sobre la constitucionalidad de la aprobación y anuncian demandas ante la Corte Constitucional. Expertos consultados afirman que la ley podría violar principios de deliberación democrática y consecutividad bicameral. Mientras tanto, el Gobierno defiende la sostenibilidad fiscal del proyecto, aunque gremios como Asofondos han alertado sobre el incremento del pasivo pensional del país, que podría alcanzar el 205% del PIB.
La aprobación de esta reforma marca un hito en la administración de Gustavo Petro, con implicaciones profundas para el futuro económico y social de Colombia. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional, que deberá evaluar la legalidad y viabilidad de este ambicioso cambio.
