La reforma pensional propuesta por Gustavo Petro enfrenta su última prueba en el Congreso colombiano, donde la plenaria de la Cámara de Representantes asumirá el papel decisivo en su aprobación. Este tramo final se perfila como el más desafiante, ya que representa el único obstáculo antes de que el proyecto se consagre como ley. Sin embargo, antes de llegar a esta instancia crucial, los partidos políticos deben lograr consensos sobre puntos clave que inquietan a algunos legisladores y expertos económicos debido a su potencial impacto en el sistema pensional.
Entre las principales preocupaciones se encuentra el momento de entrada en vigor de los cambios propuestos. Se estima que la reforma entre en funcionamiento para julio de 2025, una fecha que ha generado advertencias por parte de entidades como la Procuraduría y la Contraloría, quienes cuestionan la capacidad de Colpensiones para implementar eficazmente los cambios. La propuesta de postergar la entrada en vigor hasta enero de 2027 ha ganado fuerza entre algunos expertos, quienes argumentan que un año es insuficiente para preparar una reforma estructural de tal magnitud.
Otro punto de alta discordia gira en torno al régimen de transición, diseñado para proteger a quienes continuarán cotizando bajo el antiguo modelo pensional. La propuesta actual excluye a aquellos trabajadores que han acumulado 750 semanas de cotización en el caso de las mujeres y 900 en el de los hombres. Sin embargo, sectores de la oposición abogan por modificar este criterio, argumentando que afectaría desproporcionadamente a los cotizantes de menores recursos.
Finalmente, el umbral de cotización emerge como uno de los temas más sensibles. La disputa se centra en el límite salarial que determinará la obligación de cotizar en Colpensiones, con los excedentes destinados a fondos privados como las AFP. Dos propuestas compiten en la mesa: mantener el umbral en 2,3 salarios (la opción actualmente aprobada) o aumentarlo a 4 salarios, como propone Petro.
Sin embargo, subir el umbral a las aspiraciones del Gobierno podría, según algunos expertos, conllevar una virtual estatización del sistema pensional y generar tensiones fiscales a largo plazo.
Con estos puntos en el centro del debate, la discusión en la Cámara de Representantes se presenta como un escenario clave para definir el futuro del sistema pensional en Colombia.
