El decreto presidencial que establece el 19 de abril como día cívico para ahorrar energía y agua ha sido objeto de una demanda ante el Consejo de Estado, apenas horas después de su firma por el presidente Gustavo Petro. El abogado constitucionalista Germán Calderón España argumenta que el presidente y su gabinete han excedido sus competencias al decretar un día no laborable, una prerrogativa que, según él, solo corresponde al Congreso de la República.
La base de la demanda radica en la afirmación de que cualquier establecimiento de días festivos debe pasar por un proceso legislativo, conforme a la ley 51 de 1983, que estipula los días festivos remunerados en Colombia. Calderón sostiene que el decreto 0500 de 2024, firmado por Petro, infringe el principio de legalidad al no seguir este procedimiento. “No puede implementarse un día festivo de carácter civil o religioso por decreto, pues es de reserva legal y si se hace, se viola el principio de legalidad”, explicó el abogado en su planteamiento al tribunal.
El decreto, que también ha sido motivo de controversia por coincidir con el cumpleaños del presidente y la conmemoración de la fundación del Movimiento 19 de abril —a la cual Petro perteneció—, ha levantado suspicacias sobre sus verdaderas intenciones y el momento de su implementación. Además, a pesar de la propuesta del presidente, varios alcaldes y gobernadores han decidido no acoger la medida y mantener las actividades normales en sus respectivas jurisdicciones.
Mientras tanto, Calderón España ha solicitado al Consejo de Estado que suspenda los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo de la demanda, una decisión que podría sentar un precedente importante sobre los límites de las competencias ejecutivas en Colombia.
