El canciller (e) Luis Gilberto Murillo ha desautorizado las decisiones tomadas por José Antonio Salazar, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, con respecto a la licitación de pasaportes, indicando que no tenía la competencia para revocar las decisiones del canciller Álvaro Leyva.
En este sentido, el funcionario afirmó que el proceso sigue suspendido y no se adjudicará a la compañía Thomas Greg and Sons.
“El 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia”, señaló Murillo.
Según el Canciller, el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, y el mismo ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y contrarias a las instrucciones del Canciller (e).
“El 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro. Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos”, agregó Murillo.
Por último, el Canciller aseguró que el contrato se adjudicó sin contar con el respaldo presupuestal necesario.
“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, concluyó el gobierno.
Las sedes en Bogotá, las gobernaciones y nuestros consulados alrededor del mundo, siguen y seguirán prestando el servicio de pasaportes sin alteraciones, dado que el Contrato No. 356 se encuentra en ejecución hasta el 2 de octubre de 2024.
