El Tribunal Administrativo de Santander anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán, conocido como el “Bukele colombiano”, quien ganó la Alcaldía de Bucaramanga con 91.372 votos en las elecciones regionales de 2023. La decisión se tomó tras determinar que Beltrán incurrió en doble militancia al apoyar candidatos ajenos a los partidos que respaldaron su candidatura, una acción prohibida por la legislación electoral.
Según el fallo de 122 páginas emitido el 12 de diciembre, Beltrán, quien estaba inscrito por la coalición conformada por Colombia Justa Libres, el Partido de la Unión por la Gente y el Partido Salvación Nacional, promovió públicamente candidaturas de otros partidos, como el Centro Democrático y el Partido de la U. Los magistrados argumentaron que esta conducta buscaba persuadir al electorado para favorecer a dichos candidatos, vulnerando la disciplina partidista.
Beltrán ha anunciado que apelará la decisión ante el Consejo de Estado y que continuará desempeñando sus funciones como alcalde mientras el proceso avanza. “Respeto las instituciones y sus decisiones, pero defenderé mi elección legítima. Seguiremos trabajando por Bucaramanga, especialmente en seguridad y desarrollo urbano”, señaló en un comunicado.
El caso ha generado reacciones divididas en la opinión pública. Mientras algunos celebran el fallo como un ejemplo de rigor jurídico, otros critican la posible desestabilización institucional que podría causar la anulación. Este proceso también pone en el centro del debate la regulación de la militancia política en Colombia y las estrictas reglas de comportamiento partidista que deben seguir los candidatos.
La anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán evidencia las tensiones entre las normas electorales y las dinámicas políticas locales. Aunque el fallo refleja el compromiso de las instituciones con la legalidad, también deja a Bucaramanga en una incertidumbre administrativa que podría afectar proyectos clave. Este caso subraya la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre la doble militancia para garantizar la transparencia sin sacrificar la estabilidad en el gobierno local.
