El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), liderado por Mauricio Lizcano, expresó su apoyo al proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años en Colombia. La iniciativa, presentada por los senadores Enrique Cabrales y María Fernanda Cabal, busca proteger la salud mental, física y emocional de los niños frente a los riesgos asociados al uso de estas plataformas.
Lizcano destacó que, aunque la tecnología puede ser una herramienta útil para la formación y el entretenimiento, es indispensable que su uso esté regulado y supervisado por los padres. “Nuestro principal compromiso es proteger a los niños. Las redes sociales no solo traen problemas de adicción a la tecnología, sino múltiples riesgos a nuestras niñas y niños”, afirmó el ministro.
Medidas planteadas por el proyecto
Entre los puntos principales del proyecto de ley se encuentra la obligación de las plataformas digitales de:
Implementar sistemas de verificación para evitar que menores de 14 años se registren como usuarios.
Eliminar cuentas de menores de esa edad existentes al momento de la entrada en vigor de la ley.
Borrar permanentemente toda la información personal relacionada con dichas cuentas eliminadas.
Establecer un «toque de queda digital» que limite el uso de redes sociales para menores autorizados por sus tutores entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.
El MinTIC será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, cuya violación implicará multas de entre 5.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las plataformas digitales.
Reacciones y próximo trámite
El proyecto ya superó su primer debate en la Comisión VI del Senado. Aunque ha recibido el respaldo del MinTIC, algunos expertos consideran difícil su implementación, citando retos técnicos y dudas sobre la viabilidad de los métodos de verificación de edad.
De aprobarse en los siguientes debates legislativos y obtener la sanción presidencial, esta ley establecería un precedente a nivel regional y se convertiría en una de las normativas más estrictas sobre el acceso de menores a redes sociales en América Latina.
La propuesta refleja la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en los menores, incluyendo su influencia en la salud mental y el aumento de riesgos como el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados. Sin embargo, también plantea un debate sobre la corresponsabilidad entre el Estado, los padres y las empresas tecnológicas para garantizar un entorno seguro en la era digital. Si bien la regulación puede ser una herramienta valiosa, su éxito dependerá de un enfoque equilibrado y de la colaboración efectiva entre los sectores involucrados.
