La Contraloría General de Antioquia reveló este lunes serios problemas administrativos y financieros en varias entidades del departamento, tras realizar auditorías a proyectos y operaciones correspondientes a los últimos años. El monto de los hallazgos fiscales asciende a $73.331 millones, afectando iniciativas emblemáticas como el autódromo Central Park, gestionado por Indeportes Antioquia; el Hospital San Rafael de Itagüí, y la EPS Savia Salud.
En el caso del autódromo en Bello, conocido como Central Park, se identificaron inconsistencias por $27.999 millones, derivadas de pagos realizados entre 2022 y 2023. Según el ente de control, los recursos no lograron cumplir con el objetivo de entregar el proyecto en condiciones operativas. Este proyecto, que prometía convertirse en un referente para los deportes a motor, ha estado marcado por retrasos y disputas legales con contratistas originales. A pesar de que la Gobernación de Antioquia había prometido su funcionamiento para 2023, el complejo carece de accesos, sistemas de alcantarillado y suministro eléctrico. En octubre pasado, la obra quedó sin contratista ni interventor, profundizando la incertidumbre sobre su futuro.
Por su parte, el Hospital San Rafael de Itagüí presentó inconsistencias por $44.272 millones, relacionadas con manejos administrativos que no han sido detallados por la Contraloría. Este centro médico ha enfrentado reiterados problemas financieros que impactan la calidad y continuidad de sus servicios, lo que subraya la necesidad de una gestión más rigurosa.
Otro de los hallazgos relevantes se encuentra en Savia Salud, donde se reportaron irregularidades derivadas de 78 despidos considerados injustificados. Estas decisiones obligaron a la EPS a pagar indemnizaciones por un valor total de $1.060 millones, afectando los recursos destinados a la prestación de servicios de salud.
Adicionalmente, la Contraloría identificó hallazgos por $12.393 millones al interior de la Gobernación de Antioquia, vinculados a fallas en obras, irregularidades en el registro de cuentas y pagos por intereses de mora durante la vigencia de 2023. Estas cifras reflejan una gestión ineficiente que compromete la ejecución de proyectos clave para el desarrollo regional.
Los resultados de estas auditorías evidencian la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el manejo de los recursos públicos. Los montos involucrados no solo afectan la ejecución de obras y servicios esenciales, sino que también impactan negativamente la confianza de los ciudadanos en la gestión pública. La Contraloría instó a las autoridades competentes a tomar medidas correctivas y sancionar a los responsables de estas irregularidades, con el fin de garantizar un manejo más transparente y eficiente de los recursos en el futuro.
