Entra en vigor una nueva Ley que elimina la inmovilización de motocicletas y carros por infracciones menores de tránsito, marcando un cambio significativo en la aplicación de sanciones viales en Colombia. Esta normativa, que había sido objetada inicialmente por el presidente Gustavo Petro, fue sancionada con el objetivo de evitar lo que se calificó como una “doble sanción” para los conductores: la imposición de multas y la inmovilización de sus vehículos.
La Ley, conocida como «No más inmovilizaciones injustas a las motocicletas», establece que conductas como cruzar un semáforo en rojo o amarillo, transitar en contravía, circular por andenes o zonas peatonales, adelantar por la derecha o en bermas, y realizar maniobras peligrosas serán sancionadas exclusivamente con un comparendo. Esto pone fin a la medida de inmovilización que, desde 2010, había generado gastos adicionales para los infractores y acumulación de motocicletas en patios de tránsito.
De acuerdo con el senador Manuel Virgüez Piraquive, uno de los defensores de esta iniciativa, la medida busca corregir una práctica que impactaba principalmente a los motociclistas, quienes representaban el mayor porcentaje de vehículos inmovilizados en el país. Además, señaló que los patios se habían convertido en focos de tráfico de autopartes y abandono masivo de vehículos, lo que demandaba una solución integral.
A pesar de la eliminación de esta sanción, las autoridades y legisladores recalcaron que esta reforma no debe interpretarse como una permisividad hacia comportamientos irresponsables. «La eliminación de la inmovilización no exime a los conductores de respetar las normas viales. Es fundamental reforzar la conciencia sobre la seguridad vial para evitar conductas que pongan en peligro la vida de los usuarios y peatones», afirmó Virgüez.
La sanción de esta Ley responde a una demanda histórica de los motociclistas, quienes han señalado durante años el impacto económico y social de las inmovilizaciones. Sin embargo, también representa un desafío para las autoridades de tránsito, que deberán equilibrar la eliminación de esta sanción con estrategias efectivas de educación vial y control del comportamiento en las vías. Si bien alivia cargas administrativas y económicas, la responsabilidad final recae en los conductores, quienes ahora tienen menos excusas para incumplir las normas.
