El reciente hallazgo del cuerpo de Alexis Delgado, un niño de dos años, enterrado en una finca de San Cayetano, Cundinamarca, ha puesto de nuevo en evidencia la necesidad de proteger con mayor rigor a los menores en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Según confirmaron las autoridades, Alexis habría sido víctima de abuso y agresiones físicas, y el principal sospechoso de estos atroces actos es el esposo de la tía del menor, quien quedó bajo custodia de la Fiscalía y enfrenta cargos de homicidio, tortura y abuso sexual.
La Fiscalía de Cundinamarca estableció que el hombre, inicialmente, declaró que el niño había caído de un animal y que, por temor, decidió enterrarlo, versión que fue rápidamente descartada por la evidencia forense. La madre del menor, Luz Angélica Ramírez, aseguró que recibió diversas versiones confusas por parte del sospechoso antes de descubrir la verdad. En medio del dolor y la indignación, exige justicia para su hijo y señala también a su hermana como cómplice, ya que ella, afirma, conocía lo sucedido y no intervino.
Este caso ha provocado una fuerte reacción de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que considera crucial revisar y fortalecer los sistemas de protección de menores, de manera que se garantice su seguridad y bienestar, especialmente en contextos familiares donde se han detectado factores de riesgo. La directora del ICBF subrayó que estos hechos deben «conmover y alertar» a las autoridades y a la ciudadanía para actuar con contundencia ante cualquier señal de peligro que enfrenten los menores.
La tragedia de Alexis ha impactado profundamente a la comunidad y a nivel nacional, llamando a la acción inmediata para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. Las autoridades locales y nacionales avanzan en investigaciones para esclarecer los detalles del crimen, y la Fiscalía ha prometido que el proceso judicial se llevará a cabo con celeridad y rigor, sin tolerancia para los responsables.
