El debate sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Estado compre la hoja de coca a campesinos ha generado un intenso intercambio de opiniones. En un reciente programa de W Fin De Semana, los representantes Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, y Diógenes Quintero, de Asofadhaca, expusieron sus puntos de vista en torno a esta controvertida medida.
Para Ocampo, la iniciativa es una oportunidad que merece ser explorada, comenzando con un proyecto piloto en El Plateado, Cauca. Según él, la clave para erradicar el narcotráfico es la regulación, no la prohibición. Señaló que ejemplos como el de Estados Unidos han demostrado que legalizar ciertos productos derivados de la hoja de coca puede reducir la ilegalidad y promover un desarrollo sostenible.
Además, Ocampo destacó los múltiples usos que la hoja de coca tiene más allá de la cocaína, como en áreas científicas y agroecológicas, lo que abre la posibilidad de diversificar su empleo en la economía legal.
Sin embargo, Diógenes Quintero expresó serias reservas respecto a la propuesta. Para él, la compra estatal de hoja de coca podría convertirse en un «incentivo perverso», que fomente la expansión de cultivos sin atacar el problema de fondo. Quintero también criticó la falta de reglamentación y planificación detrás de la iniciativa, sugiriendo que fue una idea impulsada directamente por el presidente sin pasar por el Consejo de Ministros.
Mientras el debate continúa, queda claro que esta medida enfrenta tanto entusiasmo por su potencial como escepticismo por sus posibles efectos adversos.
