La Fiscalía General de la Nación ha asignado un fiscal especializado de la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos para investigar las acusaciones contra el sacerdote Francisco de Roux, quien habría encubierto actos de pederastia perpetrados en la década de 1970. Este caso involucra a un grupo de niños, todos miembros de una misma familia, que presuntamente fueron víctimas de abusos por parte del sacerdote Darío Chavarriaga, entonces director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé.
El proceso buscará esclarecer si De Roux, en su calidad de superior provincial de la Compañía de Jesús en 2014, incurrió en los delitos de favorecimiento y omisión de denuncia al gestionar el caso internamente sin notificarlo a las autoridades judiciales. Entre las primeras medidas adoptadas, se encuentra la recolección de testimonios de las víctimas y denunciantes, incluido Luis Fernando Llano, quien asegura haber sido abusado junto a siete de sus hermanas por Chavarriaga, según su denuncia.
La defensa del padre De Roux, encabezada por el abogado Juan David Riveros, ha solicitado que su cliente sea escuchado en interrogatorio para demostrar su inocencia. De Roux ha declarado públicamente que, al conocer el caso como superior provincial, implementó medidas disciplinarias y canónicas contra el presunto agresor dentro de los límites que le permitía la normativa eclesiástica de la época.
Francisco de Roux es conocido por su papel en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tras la firma del Acuerdo de Paz, lo que hace que este caso sea especialmente controvertido dada su trayectoria como figura pública. La investigación podría definir no solo su situación legal, sino también el alcance de la responsabilidad institucional de la Iglesia Católica en el manejo de casos similares en el pasado.
Este caso resalta la histórica falta de transparencia y justicia en la manera en que la Iglesia Católica ha manejado denuncias de abuso sexual. Aunque De Roux insiste en que actuó dentro de las competencias que tenía, la falta de denuncia ante las autoridades civiles refuerza la percepción de encubrimiento. Más allá de este caso, el proceso abre un espacio para que se reevalúe el papel de líderes religiosos en la protección de las víctimas, frente a una cultura de silencio que, en muchos casos, ha perpetuado el abuso y el sufrimiento de los afectados.
