La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) rechazó la solicitud de retiro voluntario presentada por la EPS Sura, que buscaba un desmonte progresivo de sus operaciones ante la grave crisis financiera que enfrenta el sistema de salud colombiano. La decisión, que afecta directamente a los 5,4 millones de afiliados de la EPS, se basó en el riesgo que este retiro supondría para el sistema y los usuarios.
Desde mayo de 2024, Sura había solicitado a la Supersalud medidas que permitieran un traslado ordenado de sus afiliados, argumentando un desfinanciamiento generalizado del sector que, según cifras de la Anif, acumula un déficit superior a los 9 billones de pesos. En el caso particular de la EPS, sus pérdidas entre 2022 y 2023 superaron los 360.000 millones de pesos, agotando el patrimonio de la entidad. Sin embargo, la Supersalud optó por mantener la operación de Sura, indicando que se impondrán indicadores específicos para garantizar la prestación de servicios de calidad y la sostenibilidad del sistema.
El sector salud atraviesa su mayor crisis en tres décadas, según expertos, con varias EPS enfrentando dificultades similares. Sura, Compensar y Sanitas han advertido sobre la inviabilidad financiera en un sistema marcado por descapitalización y deudas crecientes con prestadores de servicios. Mientras tanto, la Supersalud ha intervenido varias aseguradoras clave, como Nueva EPS y Coosalud, lo que ha generado críticas sobre la estabilidad del sistema.
En respuesta, Sura declaró que aún no ha recibido una resolución formal sobre la decisión, aunque reitera su compromiso con la transparencia y responsabilidad hacia sus usuarios. La entidad asegura que analizará el documento cuando sea emitido para determinar los pasos a seguir.
El rechazo al retiro de Sura por parte de la Supersalud subraya la delicada tensión entre las aseguradoras y el Gobierno en un sistema de salud al borde del colapso. Si bien mantener a Sura operativa podría evitar un desbordamiento inmediato del sistema, no resuelve el problema estructural de la financiación deficiente. Además, la intervención repetida de EPS ha incrementado la incertidumbre entre las aseguradoras y los usuarios, con un modelo de atención cada vez más dependiente del Estado.
La sostenibilidad del sistema requiere reformas profundas que trasciendan las soluciones temporales. Sin una estrategia clara para abordar el déficit financiero, el panorama de la salud pública en Colombia continuará deteriorándose, poniendo en riesgo no solo la estabilidad de las EPS, sino también el acceso a servicios esenciales para millones de colombianos.
