En una insólita acción, las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, entregaron un puente vehicular en el Cañón del Micay, Cauca. Alias ‘Giovanny’, cabecilla del frente Carlos Patiño, encabezó el acto de inauguración y confirmó que la estructura fue construida con recursos provenientes de su organización, que financia actividades ilegales. La obra beneficiará a unas 50 familias de la región, según el grupo armado.
Durante el evento, alias ‘Giovanny’ criticó duramente al Gobierno Nacional, calificándolo de “guerrerista” y asegurando que ha fracasado en atender las necesidades de las comunidades campesinas. Además, afirmó que las disidencias continuarán con su «lucha por la transformación social», justificando sus acciones como una respuesta a la supuesta desatención estatal.
La inauguración del puente ha generado fuertes reacciones. El brigadier general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, señaló que este tipo de infraestructuras no busca el bienestar comunitario, sino el fortalecimiento de las economías ilegales en la región. Mejía afirmó que las comunidades han expresado su rechazo a la presencia del grupo armado, destacando que las obras sirven principalmente para facilitar las actividades ilícitas de las disidencias.
Este hecho se suma a otras acciones similares en la zona, como la entrega de maquinaria amarilla para la intervención de vías. Estas iniciativas, aunque presentan una fachada de apoyo comunitario, son vistas por las autoridades como una estrategia para consolidar el control territorial y fortalecer sus operaciones ilegales en una región históricamente afectada por el conflicto armado.
La entrega de un puente vehicular por parte de las disidencias de las Farc refleja la capacidad de estos grupos para ocupar espacios que el Estado no ha logrado consolidar, especialmente en regiones apartadas como el Cañón del Micay. Aunque las comunidades puedan percibir estos actos como beneficios temporales, el trasfondo es una estrategia de legitimación y expansión de su control territorial.
El Gobierno enfrenta un desafío complejo: recuperar la confianza de las comunidades y fortalecer la presencia institucional sin ceder terreno a la narrativa de los grupos armados. Acciones como estas evidencian la necesidad urgente de una política integral que combine seguridad, desarrollo y justicia social, evitando que las economías ilegales y las estructuras criminales se posicionen como supuestos salvadores en las zonas más vulnerables del país.
