La Corte Suprema de Justicia reafirmó su autonomía este lunes al rechazar la Orden Nacional al Mérito en el grado de Cruz de Plata, ofrecida por la Presidencia de la República. La decisión, tomada en Sala Plena, evidencia las tensiones crecientes entre el alto tribunal y el presidente Gustavo Petro, marcando un claro límite frente a la intromisión del Ejecutivo en la rama judicial.
La invitación, enviada al magistrado presidente Gerson Chaverra por la Secretaría General de la Cancillería, buscaba reconocer la labor histórica de la Corte desde su creación en 1886. Sin embargo, los magistrados decidieron declinar el homenaje, argumentando la importancia de preservar la independencia y autonomía judicial. En su respuesta oficial, Chaverra agradeció el gesto pero subrayó que la decisión se tomó en defensa de los principios que sustentan la separación de poderes en Colombia.
El rechazo se suma a otros actos recientes que refuerzan el mensaje de independencia del alto tribunal. Uno de ellos fue la toma de posesión de José Joaquín Urbano Martínez, magistrado que, por primera vez en la historia de la Corte Suprema, solicitó no jurar su cargo ante el presidente Petro, rompiendo con una tradición institucional. Estas acciones reflejan las tensiones generadas por los constantes ataques y cuestionamientos del mandatario a las decisiones judiciales, los cuales han sido criticados desde diversos sectores.
El simbolismo de esta negativa adquiere mayor relevancia en un contexto donde la relación entre el Ejecutivo y la rama judicial enfrenta uno de sus momentos más complejos. La Corte, al igual que otras instituciones, ha sido objeto de críticas por parte de Petro, quien ha señalado de manera reiterada fallos y decisiones que no se alinean con sus políticas o visiones.
El rechazo a la condecoración presidencial es un acto que fortalece el principio de separación de poderes, pilar fundamental en cualquier democracia. Al declinar la Orden Nacional al Mérito, la Corte Suprema envía un mensaje claro: la justicia debe mantenerse apartada de cualquier gesto que pueda interpretarse como subordinación o compromiso con el Ejecutivo.
No obstante, estas tensiones entre el presidente y la rama judicial reflejan un desafío más amplio para la institucionalidad en Colombia. En un sistema democrático, el respeto mutuo entre poderes no solo es deseable, sino necesario para garantizar la estabilidad del Estado de derecho. Si estas confrontaciones persisten, podrían minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, debilitando los cimientos democráticos del país.
