César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó este lunes su renuncia irrevocable en medio de múltiples acusaciones que han puesto en tela de juicio su continuidad en el cargo. En una carta dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, Lorduy expresó su decisión de apartarse del organismo electoral, agradeciendo a los 254 congresistas que respaldaron su nombramiento en agosto de 2022.
La renuncia de Lorduy llega luego de ser señalado por acoso sexual contra la representante a la Cámara Ingrid Aguirre, quien en octubre pasado denunció públicamente que el magistrado, además de solicitarle 500 millones de pesos para no anular la candidatura de Patricia Caicedo a la Alcaldía de Santa Marta, habría hecho insinuaciones sexuales hacia ella. Aguirre afirmó que Lorduy le dijo: «Tú puedes pagarme con tu cuerpo». Este escándalo detonó investigaciones en la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema y una acción disciplinaria interna en el partido Cambio Radical, del cual el magistrado era cercano.
El caso de acoso sexual no es la única controversia que ha perseguido a Lorduy. En 2021, se revelaron señalamientos sobre su presunta participación en un feminicidio en 1979, cuando habría disparado a una joven de 16 años con un arma que, según él, se accionó de manera involuntaria. Aunque el caso terminó sin condena debido al vencimiento de términos, este antecedente ha sido señalado por críticos como un reflejo del talante del ahora exmagistrado.
La renuncia de Lorduy también coincide con las tensiones políticas generadas por sus investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que se indaga un posible exceso en los topes permitidos. El propio presidente Petro, en su cuenta de X (antes Twitter), cuestionó duramente al magistrado, calificando sus actos como “degradantes” y exigiendo su renuncia inmediata tras las denuncias de Aguirre.
La dimisión de César Lorduy subraya un panorama preocupante sobre la ética de quienes ostentan cargos de alta responsabilidad en las instituciones del país. Si bien su salida puede verse como una consecuencia de las denuncias en su contra, también evidencia la grave falta de mecanismos efectivos para prevenir que personas con historiales cuestionables lleguen a posiciones de poder. Este caso es un recordatorio de la necesidad de mayor transparencia y rigor en los procesos de selección y de que la justicia actúe con celeridad para no dejar casos abiertos que ensombrecen el panorama político y judicial colombiano.
