La Ley de Financiamiento del gobierno Petro enfrenta un nuevo revés político que podría poner en riesgo el Presupuesto General de 2025. Este martes, el Partido Liberal anunció que no apoyará la iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda, sumándose al rechazo ya manifestado por el Partido Conservador en las comisiones económicas del Congreso.
Los liberales justificaron su decisión señalando que no respaldarán medidas que incluyan impuestos sobre la canasta familiar. En un comunicado, calificaron la propuesta como “altamente nociva para la frágil economía nacional”, en un momento en que la inflación y el desempleo ya generan tensiones en el panorama económico.
La falta de apoyo pone al Gobierno en una encrucijada. A tan solo nueve días hábiles del cierre de la legislatura el 16 de diciembre, las posibilidades de que la ley sea aprobada en tiempo regular son escasas. Por ello, el Ejecutivo ya evalúa convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, un mecanismo permitido por la Ley 5 de 1992 que puede ser activado por el presidente de la República. Estas sesiones, sin embargo, tendrían un alcance limitado, ya que solo se discutiría el proyecto específico bajo el cual se citó al legislativo.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había insistido en la urgencia de la Ley de Financiamiento para cubrir un déficit de 12 billones de pesos en el presupuesto de 2025. Sin embargo, las críticas de la oposición y algunos sectores independientes se han centrado en el impacto que la reforma podría tener sobre el consumo de las familias, al gravar bienes básicos, y en la falta de claridad sobre el manejo de los recursos.
El rechazo del Partido Liberal y del Partido Conservador refleja la creciente dificultad del gobierno Petro para consolidar mayorías en el Congreso. Además de cuestionar aspectos económicos de la Ley de Financiamiento, las decisiones de ambas colectividades son un mensaje político: la agenda legislativa del Ejecutivo enfrenta una crisis de gobernabilidad. Si el Gobierno recurre a las sesiones extraordinarias, no solo deberá lidiar con un Congreso más fragmentado, sino que también estará bajo presión para justificar una reforma que cada vez genera más escepticismo.
