Fabio Ochoa Vásquez, uno de los fundadores del cartel de Medellín y antiguo socio de Pablo Escobar, ha sido trasladado a una cárcel de baja seguridad en el estado de Michigan, Estados Unidos. Esta medida indica que se acerca su posible deportación a Colombia tras cumplir gran parte de su condena de 30 años por conspiración, distribución de cocaína y otros delitos relacionados con el narcotráfico.
El Buró de Prisiones de los Estados Unidos confirmó que Ochoa fue trasladado el 14 de septiembre de 2024, después de recibir beneficios legales que redujeron su condena, incluyendo una rebaja del 15 % por buena conducta. Según fuentes cercanas al proceso, el exnarcotraficante podría ser deportado en cualquier momento, lo que pondría fin a su reclusión en territorio estadounidense tras más de dos décadas.
Ochoa fue extraditado a Estados Unidos el 8 de septiembre de 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana, tras su captura en Colombia el 13 de octubre de 1999. En 2003, fue condenado por su participación en una operación de contrabando que enviaba hasta 30 toneladas de cocaína mensualmente a Estados Unidos entre 1997 y 1999. Este caso lo consolidó como una de las piezas clave del cartel de Medellín, incluso tras la caída de Pablo Escobar.
El historial de Fabio Ochoa está marcado por delitos graves, incluyendo su presunta implicación en el asesinato de Barry Seal, un piloto del cartel que se convirtió en informante de la DEA. Además, mantuvo vínculos con carteles mexicanos como el del Milenio, ampliando su influencia más allá de Colombia.
El regreso de Fabio Ochoa a Colombia genera preocupaciones tanto a nivel político como social. Aunque el exnarcotraficante ha cumplido la mayor parte de su condena, su pasado vinculado al narcotráfico internacional y su conexión con redes criminales dejan preguntas sobre su reintegración. Su deportación también podría reactivar debates sobre las medidas de extradición y los mecanismos de seguimiento a individuos que regresan al país tras cumplir condenas por delitos graves en el exterior. Este caso es un recordatorio de los desafíos que Colombia sigue enfrentando en su lucha contra el narcotráfico.
