La Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 162 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2023-2026, con el cual se había creado el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT). Según el fallo, la norma no cumplía con los principios de unidad de materia ni los requisitos del procedimiento legislativo establecidos en la Constitución.
El tribunal determinó que el Congreso violó los principios de consecutividad e identidad flexible durante el trámite de la norma, al incluir la creación del INDTOT en las plenarias del Senado y la Cámara sin que esta tuviera una conexión directa con los debates iniciales en las comisiones. Además, consideró que el instituto no era una medida instrumental necesaria para alcanzar los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, sino que representaba un cambio institucional que debería ser discutido en una ley ordinaria, no dentro del PND.
El instituto, que habría estado adscrito al Ministerio de Salud y contaría con autonomía administrativa y presupuestal, tenía como propósito coordinar a nivel nacional el sistema de donación y trasplante de órganos. Sin embargo, la Corte determinó que este tipo de transformaciones institucionales no pueden ser introducidas en el PND, ya que su alcance trasciende el marco temporal del cuatrienio gubernamental.
En defensa de la norma, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud habían argumentado que la creación del INDTOT era necesaria para mejorar la estructura del sistema de donación y trasplante de órganos en Colombia, asegurando un fortalecimiento integral de las capacidades nacionales y territoriales. No obstante, estos argumentos no fueron suficientes para justificar la constitucionalidad del artículo.
La decisión de la Corte evidencia la importancia de un proceso legislativo riguroso y apegado a la Constitución, especialmente en temas sensibles como la salud pública. Aunque la creación del INDTOT podría ser una herramienta para mejorar el sistema de trasplantes en el país, su inclusión en el PND revela una práctica recurrente de legislar sobre temas estructurales a través de vías indirectas. Esto genera inseguridad jurídica y pone en riesgo políticas que podrían tener un impacto significativo en la vida de los ciudadanos. La falta de planificación adecuada no solo retrasa soluciones urgentes, sino que también subraya la necesidad de mayor coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo para fortalecer el marco institucional del país.
