El Consejo de Estado negó este jueves las pretensiones de Luis Pérez Gutiérrez en la demanda interpuesta contra el acto de elección de Andrés Julián Rendón Cardona como gobernador de Antioquia para el periodo 2024-2027. La decisión rechaza los argumentos de violencia psicológica y engaño al electorado que, según Pérez, habrían afectado los comicios de octubre de 2023.
Pérez, quien obtuvo 599.353 votos y quedó en segundo lugar, argumentó que la campaña de Rendón desplegó una estrategia sistemática para asociarlo con el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, figuras que polarizan el escenario político antioqueño. Según la demanda, esta asociación habría intimidado y desinformado a los votantes, generando abstención o un cambio de decisión en contra de su candidatura.
La acción legal incluyó 79 enlaces de notas de prensa y publicaciones en redes sociales, así como el testimonio de 18 personas, incluidos expertos en neurociencias y comunicaciones. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que las pruebas carecían de pertinencia para demostrar las maniobras difamatorias alegadas. En su fallo, indicó que los argumentos presentados no cumplían con los estándares necesarios para anular el resultado electoral ni evidenciaban actos sistemáticos de violencia psicológica contra el electorado.
Con esta sentencia, el alto tribunal reafirma la validez del acto de elección de Rendón, dejando en firme su mandato. Luis Pérez, quien gobernó Antioquia entre 2016 y 2019, enfrenta un nuevo revés en su aspiración por regresar a la Gobernación.
Este fallo destaca la importancia de preservar la credibilidad y la legitimidad del sistema electoral colombiano, sobre todo en contextos de alta polarización política. Si bien las campañas deben actuar con responsabilidad ética y política, el Consejo de Estado sentó un precedente en cuanto a la carga de pruebas necesarias para anular un acto electoral. Más allá del caso puntual, esta decisión invita a los actores políticos a centrarse en propuestas claras y debates genuinos, en lugar de estrategias de desprestigio que, en últimas, afectan la confianza ciudadana en la democracia.
