El proyecto del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que busca implementar una tasa de seguridad en las facturas de energía eléctrica para los estratos 4, 5, 6 y el sector privado, pasó su primer debate en la Comisión Económica de la Asamblea Departamental. Esta medida, que pretende recaudar 1,2 billones de pesos, será destinada a fortalecer la seguridad y la presencia de la Fuerza Pública en el departamento, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia.
En una reñida votación, el proyecto fue aprobado con seis votos a favor y dos en contra. Entre los argumentos a favor, algunos diputados señalaron que la grave crisis de seguridad en Antioquia exige fuentes de financiación extraordinarias para enfrentar la situación. Sin embargo, voces críticas, incluidos líderes políticos y empresariales, alertaron sobre las implicaciones legales y sociales de este gravamen, que afectará directamente a los ciudadanos y a las empresas.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la propuesta, argumentando que la tarifa de servicios públicos no debería ser el medio para financiar la seguridad. Según Gutiérrez, esta responsabilidad recae en el Gobierno Nacional, que debe garantizar los recursos necesarios para la infraestructura de seguridad. Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín también expresó su oposición, señalando que la medida podría vulnerar la legalidad tributaria y generar dificultades económicas para los empresarios de la región.
A pesar de las críticas, más de 100 alcaldes de las subregiones antioqueñas respaldaron públicamente el proyecto, destacando la necesidad urgente de recursos para atender la inseguridad en sus municipios, especialmente en aquellos con poblaciones pequeñas y presupuestos limitados. El gobernador Rendón defendió la iniciativa como una medida indispensable para preservar la vida y el bienestar de los antioqueños, subrayando que muchos municipios no cuentan con los medios para enfrentar los desafíos actuales.
La tasa de seguridad propuesta evidencia una tensión constante en la política fiscal y de seguridad: ¿quién debe asumir los costos de la protección ciudadana? Mientras las autoridades locales buscan soluciones inmediatas para problemas urgentes, medidas como esta plantean preguntas sobre su impacto en la equidad tributaria y en la confianza de los ciudadanos hacia el sistema. Aunque la seguridad es una prioridad innegable, gravar servicios esenciales como la electricidad podría desencadenar efectos económicos adversos y profundizar las desigualdades sociales. Si bien es crucial atender las necesidades de las regiones más vulnerables, la sostenibilidad de estas decisiones dependerá de un balance entre las demandas sociales y la viabilidad económica.
