El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que el ajuste en las tarifas de peajes, previsto inicialmente en dos fases (diciembre de 2024 y enero de 2025), será unificado y aplicado a comienzos del próximo año. Esta decisión busca simplificar el proceso y evitar el impacto de incrementos consecutivos en las tarifas.
La medida contempla sumar el aumento pendiente del 4,64% correspondiente a este año (equivalente a la mitad del PIB de 2022, que fue de 9,28%) con la inflación de 2024, que se estima cerrará cerca del 5%. Así, los colombianos enfrentarán un incremento único cercano al 10% en las estaciones de peaje gestionadas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El congelamiento de tarifas en 2023 dejó un hueco fiscal superior a $400.000 millones y generó demandas por parte de concesionarios debido a incumplimientos contractuales. Según la Contraloría General de la República, la falta de ajustes adecuados podría costarle al Gobierno más de $1 billón en compensaciones. Este nuevo aumento es parte del plan del Ejecutivo para normalizar las tarifas y mantener los compromisos de financiación en infraestructura vial.
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, respaldó la decisión, subrayando que los recursos de los peajes son esenciales para la operación, mantenimiento y construcción de las vías. Según el Dane, el impacto de los peajes en la inflación es de apenas un 0,02%, considerado insignificante. Sin embargo, transportadores y conductores han expresado su preocupación por el incremento en los costos operativos y su posible repercusión en los precios de bienes y servicios.
Aunque el ajuste busca corregir las brechas fiscales y garantizar el mantenimiento de la red vial, el impacto acumulado en los costos del transporte podría traducirse en una presión indirecta sobre la economía de los hogares colombianos. La decisión de unificar los incrementos refleja la intención del Gobierno de mitigar el descontento social frente a ajustes consecutivos, pero el trasfondo evidencia las tensiones fiscales y el reto de mantener un equilibrio entre la infraestructura sostenible y las demandas de un sector productivo ya golpeado.
