En una decisión sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al Canal del Dique como víctima del conflicto armado en Colombia. Según el tribunal, esta región fue escenario de crímenes atroces perpetrados durante años de violencia, donde se utilizó el canal como un «cementerio acuático» para arrojar los cuerpos de personas asesinadas en el marco del Subcaso Montes de María. Esta declaración le permite al Canal del Dique participar en los procesos judiciales de búsqueda de verdad, reparación y garantías de no repetición.
El Canal del Dique, una infraestructura hídrica de 113 kilómetros que conecta municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre, fue controlado estratégicamente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos armados desde los años noventa. La JEP documentó cómo las acciones violentas, que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas y violencias sexuales, no solo impactaron a las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan la región, sino también al entorno ecológico y cultural.
La degradación ambiental se ha reflejado en la contaminación de fuentes hídricas y la destrucción de ecosistemas. Además, la declaración resaltó cómo los significados espirituales y culturales del territorio fueron alterados, afectando la identidad y la relación histórica de las comunidades con su entorno. Representantes de la Ruta del Cimarronaje, que agrupa a más de 200 colectivos étnicos del Caribe colombiano, han señalado que el territorio no es solo un espacio físico, sino una extensión vital de sus comunidades.
La JEP recordó que en 2021 ya había adoptado medidas cautelares para proteger posibles cuerpos de víctimas en la región, en medio de la construcción de megaproyectos que podrían afectar los procesos de búsqueda de desaparecidos. Este fallo histórico también se basó en evidencia presentada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, que documentaron el horror y los daños acumulados en esta región estratégica.
Esta decisión de la JEP marca un hito en la reparación integral de territorios que, como el Canal del Dique, fueron despojados no solo físicamente, sino en su dimensión cultural y espiritual. Sin embargo, reconocer al territorio como víctima plantea interrogantes sobre cómo implementar medidas de reparación que trasciendan lo simbólico para impactar realmente en la recuperación ecológica, económica y social de la región. El reto radica en evitar que estas declaraciones históricas queden en el papel y asegurar que las comunidades afectadas reciban justicia y garantías de no repetición.
