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Gobierno Petro asegura control estratégico con elección de Miguel Polo en la Corte Constitucional

Foto: cortesía

La elección de Miguel Polo como magistrado de la Corte Constitucional ha desatado una ola de reacciones políticas por las intensas gestiones del Gobierno de Gustavo Petro en el Senado para garantizar su victoria. Polo obtuvo 57 votos frente a los 47 de su rival, Claudia Dangond, quien lideraba cómodamente días antes. La dinámica del voto, que pasó de un empate el lunes a un triunfo contundente el martes, dejó en evidencia las maniobras del Ejecutivo para asegurar el resultado.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desempeñaron roles clave en el cabildeo con senadores de los partidos Liberal y La U, según denuncias de varios congresistas. Estas gestiones habrían incluido llamadas, reuniones y posibles promesas burocráticas. Además, senadores como Humberto de la Calle denunciaron presiones desde altos funcionarios para influir en los votos. Aunque el Gobierno no confirmó estas acciones, los movimientos en los días previos a la votación fueron decisivos para revertir la ventaja de Dangond.

La victoria de Polo marca un hito en el avance del petrismo en la estructura judicial. Con la reciente elección de un fiscal, un procurador y un contralor cercanos al Gobierno, el nuevo magistrado refuerza la estrategia del Ejecutivo para consolidar su influencia en las altas esferas del poder público. Aunque el presidente Petro ha negado tener planes de reelección, sectores de oposición temen que este control pueda facilitar cambios constitucionales que prolonguen su mandato o redefinan el sistema político.

La elección también enfrenta cuestionamientos legales por el proceso y las condiciones en las que se desarrolló. Abogados y congresistas evalúan una posible demanda ante el Consejo de Estado, argumentando irregularidades en la organización y conducción de la votación. Entretanto, la Corte Constitucional queda bajo un nuevo equilibrio, con implicaciones profundas para el futuro político y jurídico del país. La oposición y observadores independientes advierten que 2025 será clave para determinar hasta dónde llegará la influencia del petrismo en las instituciones colombianas.

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