El fútbol colombiano enfrenta una nueva controversia luego de que Independiente Medellín solicitara al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) una medida cautelar para suspender los cuadrangulares y finales de la Liga BetPlay 2024. El club antioqueño apeló la resolución 010 de 2024 de la Dimayor, que otorgó los puntos del partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional al equipo barranquillero, tras los disturbios en el estadio Atanasio Girardot.
El DIM argumenta que esta decisión, que dejó al equipo fuera de los cuadrangulares al ubicarse noveno con 29 puntos, carece de fundamento reglamentario. Según el club, los puntos deben ganarse en el terreno de juego y no a causa de altercados provocados por aficionados violentos. Junior, que terminó sexto con 31 puntos, avanzó a la siguiente fase del torneo gracias a esa decisión, lo que ha generado críticas en el entorno futbolístico.
La riña en el Atanasio, ocurrida en la tribuna noroccidental, llevó al Comité Disciplinario de la Dimayor a sancionar a Atlético Nacional con la pérdida de los puntos y el cierre de su estadio por seis fechas, posteriormente reducidas a tres tras una apelación. Junior también fue sancionado con el cierre parcial del Metropolitano por dos jornadas, que se redujeron a la mitad tras una revisión. Medellín considera que esta resolución vulnera la competencia deportiva y ha entorpecido la transparencia del torneo.
El caso ha despertado opiniones divididas. Mientras algunos apoyan la posición del DIM en defensa del juego limpio, otros cuestionan el impacto de judicializar decisiones deportivas en pleno desarrollo del campeonato. El TAS deberá decidir si acepta la medida cautelar que podría aplazar las finales del fútbol colombiano.
El recurso presentado por el Medellín ante el TAS expone la tensión entre decisiones disciplinarias y la integridad deportiva. Si bien el club busca justicia, la judicialización de las competencias deportivas puede abrir un precedente complejo en el fútbol colombiano. Este caso pone en evidencia la necesidad de reglamentos más claros y una administración que garantice equidad y transparencia en las decisiones.
