El 13 de noviembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exmiembros del último secretariado de las extintas Farc, acusándolos de liderar una campaña de reclutamiento forzado y otros crímenes de guerra en la que 18.677 menores fueron obligados a ingresar a sus filas entre 1971 y 2016. Entre los imputados se encuentran figuras de alto perfil como Rodrigo Londoño (alias Timochenko), y otros excomandantes conocidos como ‘Joaquín Gómez’, ‘Pablo Catatumbo’, y ‘Antonio Lozada’. La imputación detalla las agresiones físicas, psicológicas y de explotación sexual que sufrieron los menores bajo su mando.
Este proceso marca la primera vez que el último secretariado de las Farc es formalmente acusado por estos crímenes específicos, basados en informes recopilados de organizaciones de víctimas y entidades del Estado, que abarcan más de 77 expedientes. La JEP encontró que el reclutamiento de menores fue una práctica sistemática y multicausal, fomentada por la falta de presencia estatal en regiones remotas y en condiciones de pobreza extrema. Además, el 24% de los menores reclutados reportaron abusos de género, de los cuales el 91% fueron cometidos contra mujeres.
Según la imputación, las violencias incluyeron castigos físicos extremos y prácticas de disciplina cruel, que se extendían a todos los menores reclutados, sin distinción de edad o vulnerabilidad. Este trato deshumanizante tenía el objetivo de someter a los menores a una obediencia absoluta, integrándolos de manera forzosa en los planes y operaciones de la guerrilla. Muchos niños y niñas fueron obligados a combatir y a cumplir tareas de riesgo, mientras que otros enfrentaron abusos sexuales y tortura. La JEP detalló que estos crímenes dejaron un impacto devastador en las vidas de las víctimas, generando efectos psicológicos irreparables y, en algunos casos, suicidios.
Para la reconstrucción de estos crímenes, la JEP analizó un amplio universo de hechos, incluyendo 805 casos documentados de niños (56%) y niñas (44%) reclutados, y acreditó colectivamente a cinco pueblos indígenas, quienes han visto más de 8.900 víctimas de estos abusos en sus comunidades. Los responsables deberán comparecer ante la JEP, donde se espera que enfrenten la verdad y la reparación de las víctimas.
Este caso subraya la brutalidad ejercida por las Farc en su estructura organizativa, donde el poder absoluto de los comandantes dejaba sin opciones a los menores reclutados, quienes vivieron una infancia marcada por el conflicto armado. La JEP enfrenta ahora un importante reto en su misión de impartir justicia y dignificar a las víctimas, quienes demandan respuestas y una reparación integral para poder superar las secuelas de estos crímenes de lesa humanidad.
