El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha reiterado su negativa a participar en los diálogos de paz promovidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que incluyen al Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. Para Rendón, sentarse en la mesa con estos grupos que continúan cometiendo actos violentos es «una cachetada para los antioqueños», una postura que sostiene por la persistente violencia en la región, particularmente en áreas como el Bajo Cauca y el Nordeste, donde estos grupos ejercen un control significativo.
Rendón ha expresado que el inicio de negociaciones mientras se reportan homicidios, desplazamientos y extorsiones por parte de estructuras como el Clan del Golfo resulta contradictorio y peligroso. Este grupo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ha extendido su presencia al 75% del país, operando en 392 municipios, lo que representa un aumento del 84% en los últimos cinco años. Antioquia es una de las regiones más afectadas, con presencia en 80 municipios y una alta injerencia en la seguridad regional.
La posición del gobernador va en contravía de la estrategia del gobierno nacional, que busca integrar a estos actores en un proceso de paz para reducir la violencia. Sin embargo, Rendón sostiene que esta política es un «engaño» que premia a los criminales y desmoraliza a la fuerza pública. En su opinión, cualquier acercamiento sin garantías de compromiso real por parte de los grupos armados es inaceptable, y enfatiza que la paz debe traducirse en justicia, seguridad y desarrollo para las comunidades afectadas.
El rechazo de Rendón ha generado reacciones mixtas. Mientras líderes locales y analistas destacan la necesidad de unificar esfuerzos en pro de la paz, otros como el gobernador han señalado los riesgos de negociar sin un marco que garantice resultados. Para las comunidades de Antioquia, donde la violencia se intensifica, el debate sobre la viabilidad y ética de estas negociaciones sigue siendo un tema de alta relevancia.
