El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, admitió que la política de «Paz Total» ha facilitado el transporte de delincuentes en vehículos oficiales. Durante un acalorado debate en la Cámara de Representantes, se le cuestionó sobre las irregularidades en la asignación de esquemas de seguridad y la movilización de integrantes de grupos armados al margen de la ley, utilizando vehículos de la UNP.
Rodríguez explicó que la ley de «Paz Total» otorga protección a voceros de los grupos armados que se han sumado a las negociaciones con el Gobierno, algunos de los cuales tienen antecedentes criminales. El caso más reciente involucra a miembros de las disidencias de las FARC, que fueron interceptados en Antioquia con armas, municiones y dinero en efectivo, transportados en vehículos oficiales. «Cumplimos con lo que la ley manda, pero estoy indignado por la utilización de nuestros recursos para estos fines», afirmó el director.
El funcionario también expresó su preocupación por el mal uso de los vehículos de la UNP, que deben estar destinados exclusivamente para la protección de las personas involucradas en los procesos de paz, y no para el transporte de armas o actividades ilícitas. Rodríguez pidió un mayor control al comisionado de paz, Otty Patiño, para evitar que se sigan repitiendo este tipo de situaciones. «Nuestros vehículos no pueden ser utilizados como apoyo logístico para operaciones militares o transporte de drogas», enfatizó.
A pesar de las aclaraciones, los congresistas de Centro Democrático y Cambio Radical manifestaron su preocupación por las implicaciones de la «Paz Total», argumentando que esta ha permitido que criminales continúen operando con protección del Estado. La polémica sigue escalando, mientras se debate sobre los alcances y riesgos de esta política gubernamental.
