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Proyecto de ley busca crear un certificado de responsabilidad étnica empresarial para promover la inclusión laboral

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En la Comisión Séptima del Senado avanza un proyecto de ley que propone la creación de un certificado de responsabilidad étnica empresarial. Este documento, que sería expedido por el Ministerio del Trabajo, incentivaría a las empresas que empleen al menos un 10% de personal afro, indígena, raizal o palenquero. Con el certificado, las empresas obtendrían una puntuación adicional en las licitaciones con el Estado.

El objetivo principal del proyecto es fomentar la inclusión de comunidades étnicas en posiciones de dirección, supervisión y operación dentro de las empresas. Los autores del proyecto incluyen a congresistas de diversos partidos, como la U, Cambio Radical, Pacto Histórico y Comunes, y buscan que el certificado promueva una mayor equidad en el mercado laboral.

Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia. Algunos críticos, como el senador Miguel Ángel Pinto, argumentan que el proyecto podría desfavorecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que a menudo participan en licitaciones sin tener aún empleados en estas categorías étnicas. Según Pinto, el requisito podría limitar la competencia en las licitaciones y beneficiar principalmente a las grandes empresas.

Jhon Arley Murillo, exrepresentante a la Cámara y presidente del Partido Colombia Renaciente, quien ha sido un defensor de la propuesta, sostiene que el proyecto es esencial para mejorar la representación de las comunidades afro e indígenas en el ámbito laboral. Murillo destaca que el empleo es un subsidio más efectivo que las ayudas sociales y que este proyecto busca crear oportunidades reales para estas comunidades.

El debate sobre la ley también ha incluido críticas que sugieren que el proyecto podría introducir más burocracia y ineficiencia, lo que ha sido rechazado por sus defensores. Murillo pide al Congreso y a la comunidad que apoyen la iniciativa, subrayando la necesidad de una fuerza laboral más diversa y representativa en Colombia.

El proyecto está en tercer debate en la Comisión Séptima y enfrenta una serie de desafíos antes de su posible aprobación.

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