El reciente acuerdo entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha generado preocupación entre los campesinos del país, quienes temen que el nuevo decreto ATEA (Autoridades Territoriales Económico Ambiental) los subordine a las autoridades indígenas en numerosos territorios. Este decreto, que busca fortalecer la autonomía territorial y la gobernabilidad de las comunidades ancestrales, ha sido visto como un paso crucial para las reivindicaciones indígenas, pero también como una potencial fuente de conflicto con los campesinos.
ATEA, acordado tras intensas negociaciones con la minga indígena que se mantiene en Bogotá, plantea que proyectos mineros y otros desarrollos económicos no puedan ingresar a territorios indígenas sin la aprobación de sus líderes. Además, contempla la creación de una zona franca indígena, lo que podría transformar el comercio en estas áreas. Sin embargo, para los campesinos, esto podría significar la pérdida de control sobre tierras que han habitado por generaciones.
Los representantes de la Agenda Nacional Campesina han expresado que, de implementarse el decreto, los agricultores ubicados en zonas de reserva forestal y baldíos establecidos en la Ley Segunda de 1959 podrían quedar bajo la jurisdicción de las autoridades indígenas. Según ellos, este cambio podría agudizar los conflictos por la tierra y la autoridad en estos territorios, afectando directamente a miles de familias campesinas.
A pesar de las preocupaciones, el CRIC ha manifestado su disposición al diálogo, insistiendo en que el decreto solo aplicará en territorios ancestrales y no buscará imponer regulaciones en otras áreas. No obstante, los campesinos mantienen su postura firme, llamando a un pacto intercultural que garantice la protección de sus derechos y la coexistencia pacífica entre los diferentes grupos que habitan estas tierras.
