El programa de Ollas Comunitarias, implementado por el gobierno de Gustavo Petro para asistir a los damnificados por la ola invernal, ha generado controversia y descontento entre los habitantes de La Mojana y San Jorge. Líderes locales han denunciado que el programa no ha cumplido con los pagos prometidos, afectando gravemente a las tiendas de barrio que han suministrado alimentos.
William Álvarez, directivo de la Alianza Comunal Mojana, explicó que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) no ha cumplido con los pagos al operador encargado del programa. «Le deben al facilitador, pero el facilitador consiguió en el comercio, la gente de las tiendas de pueblo y en las tiendas de vereda. Yo y otros compañeros de mi vereda suministramos 25 días de alimentos y las tiendas quedaron quebradas porque la plata no ha llegado», declaró Álvarez a medios locales.
Además, Álvarez señaló que, contrariamente a las órdenes del presidente Gustavo Petro, el programa nunca fue entregado a las Juntas de Acción Comunal, dejando a estas organizaciones sin control sobre la distribución de las ayudas. El programa, que pretendía llevar alimentos a habitantes de 11 municipios en Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, sólo funcionó durante 45 días debido a la falta de recursos en las tiendas locales para continuar suministrando alimentos.
El descontento se ha venido acumulando durante meses, con voces locales coincidiendo en que hay una discrepancia entre lo que se anuncia públicamente y lo que se ejecuta en realidad. Camilo Daza, vocero del Pacto por la Región de La Mojana, instó al presidente a abandonar su discurso de odio y a hacerse cargo de la situación crítica de los afectados por las inundaciones causadas por el desbordamiento del Río Cauca.
“El sentir de La Mojana es de tristeza, de desolación y de traición, porque el presidente Petro dice una cosa en las reuniones y la realidad es otra”, afirmó Álvarez, quien también es el representante legal de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Gavalda.
El plan de Ollas Comunitarias contó con una inversión de 32 mil millones de pesos y estaba destinado a ayudar a ganaderos y habitantes de la zona que han sufrido grandes pérdidas debido al rompimiento del dique «Caregato», afectando a alrededor de 254 mil familias en la región. Sin embargo, la falta de cumplimiento en los pagos ha dejado a muchas tiendas locales en una situación financiera precaria, exacerbando la crisis en estas comunidades.
