Un nuevo escándalo estremece a Colpensiones, la entidad encargada de la administración de pensiones en Colombia y pieza clave en la reforma pensional propuesta por el presidente Gustavo Petro. María Elisa Morón, vicepresidenta de gestión corporativa, ha sido acusada por la Fiscalía General de la Nación de presunto direccionamiento irregular de un contrato valorado en más de 12.000 millones de pesos.
La acusación sostiene que Morón habría adjudicado de manera directa un contrato a la firma Lupa Jurídica SAS para la defensa jurídica de Colpensiones, sin llevar a cabo un proceso de selección competitivo. Según documentos obtenidos, el monto del contrato aumentó de manera injustificada de 4.142 millones a 12.455 millones de pesos, sin las debidas cotizaciones competitivas y basándose en un análisis de precios concertado con la firma adjudicada.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Orozco, indicó que Colpensiones realizó un análisis de precios que descalificó irregularmente a la firma competidora, Icarus SAS. «Usted no verificó el contenido de los estudios previos, los cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS», se lee en un extracto de la acusación del fiscal Orozco.
Además, se acusa a Morón de permitir la salida de casi 8.300 millones de pesos adicionales al contrato original sin cumplir con los procedimientos y recomendaciones necesarias. La Fiscalía ha presentado cargos por posible celebración indebida de contratos y peculado contra Morón. Este escándalo se suma a otros problemas recientes en Colpensiones, incluyendo contratos de atención al cliente con presuntos sobrecostos.
La investigación sigue su curso, dejando en vilo la integridad de una de las entidades más importantes en la implementación de la reforma pensional del actual gobierno.
