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Constructor del Central Park demanda a la Gobernación de Luis Pérez por $87.000 millones: señala graves irregularidades

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La firma Ingecon, contratista encargado de las obras del autódromo de Bello, conocido como el «Central Park» de Antioquia, ha presentado una demanda contra la Gobernación de Luis Pérez por un monto de $87.000 millones. La empresa alega que la administración pasada y las entidades involucradas, Indeportes y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), cometieron graves irregularidades que llevaron al estancamiento del proyecto y causaron significativos perjuicios económicos.

Principales alegaciones de Ingecon

Pólizas de seguros

Uno de los puntos más controvertidos es la supuesta pérdida de $1.300 millones que debían ser destinados al pago de pólizas de seguros. Según la abogada de Ingecon, Laura Holguín Moreno, el contrato original estipulaba que las pólizas, valoradas en aproximadamente $400 millones, serían responsabilidad de los constructores. Sin embargo, se descubrió que Indeportes había girado a Viva $1.729 millones para la contratación de estas pólizas. Ingecon alega que Viva no cumplió con su parte del pago, dejando un déficit del 25% de los $400 millones que la empresa pagó inicialmente.

Problemas de diseño y costos adicionales

Ingecon también señaló que durante la etapa de preconstrucción surgieron múltiples problemas con los diseños entregados por Indeportes. A pesar de que en septiembre de 2019 se llevó a cabo una ceremonia simbólica para colocar la primera piedra del autódromo, los constructores ya habían alertado que los tiempos no permitirían completar la obra antes del cambio de gobierno. Posteriormente, se firmó una adición de $26.000 millones al contrato original, equivalente a un 50% más, el límite máximo permitido por la ley. Sin embargo, los costos continuaron aumentando debido a la pandemia, obras extras, trabajos de arqueología y otros imprevistos no contemplados inicialmente.

Falta de justificación de fondos

Ingecon también acusa a Viva de no justificar $11.749 millones mencionados en un informe de supervisión del contrato radicado en enero de 2022. La firma constructora argumenta que estas inconsistencias financieras, junto con otros problemas, llevaron a su asfixia económica, resultando en la paralización de la obra.

Respuesta de las entidades involucradas

El exgerente de Viva, Luis Eduardo Tobón, ha defendido su gestión, afirmando que cada centavo fue debidamente ejecutado. Tobón remitió un oficio a la entonces gerente de Indeportes, Lisana Sofía Sánchez Ledesma, en el que indicó que los recursos destinados para las pólizas estaban a disposición del instituto. Tobón sostiene que no hubo malversación de fondos y que el dinero fue destinado a la obra.

Desde Indeportes, el jefe jurídico Santiago Toro Sierra señaló que están revisando todas las acciones legales relacionadas con el proyecto desde el cambio de gobierno hace seis meses. Toro insistió en que se ha interpuesto un recurso buscando desvincular a Indeportes de la demanda de Ingecon, argumentando que el contrato fue firmado por Viva. Además, mencionó que Indeportes y Viva están trabajando conjuntamente para encontrar una solución al enredo jurídico heredado.

Contexto y repercusiones

El proyecto del autódromo de Bello, promovido como un parque ambiental y conocido como el «Central Park» de Antioquia, ha estado plagado de controversias desde su inicio. Cuestionamientos ambientales, problemas jurídicos relacionados con la titularidad de los terrenos y múltiples retrasos han marcado la historia de este megaproyecto. La demanda de Ingecon añade una nueva capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada, poniendo de relieve las tensiones y conflictos que pueden surgir en grandes proyectos de infraestructura pública.

En medio de esta disputa, la incertidumbre sobre el futuro del autódromo y las posibles repercusiones económicas y legales para las entidades involucradas y los contratistas sigue siendo alta. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para las partes directamente involucradas, sino también para la manera en que se gestionan y supervisan los proyectos de infraestructura en la región.

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