El Tribunal Administrativo de Antioquia ha declarado nula la elección del diputado Jaime Cano Martínez, alegando que incurrió en doble militancia política durante las últimas elecciones regionales. La decisión, que afecta directamente su mandato para el período 2024-2027, surge tras una denuncia presentada por dos abogados, quienes argumentaron que Cano brindó y recibió apoyo de candidatos que no pertenecían al Partido Conservador, específicamente del movimiento Itagüí Somos Todos y del movimiento Mais en Itagüí.
Los demandantes sostienen que Cano apareció en publicidad política junto a Óscar Guillermo Grisales Ortiz y Luisa María Zapata Bernal, entre otros, violando así las directrices de su partido, que competía con su propia lista para el Concejo Municipal. La controversia radica en que, según los registros aportados en la demanda, estas apariciones sugieren una colaboración que excede las normativas de fidelidad partidista establecidas para las elecciones.
A pesar de que Jaime Cano ha defendido su conducta, alegando que siempre apoyó a los candidatos de su partido y que incluso emitió un comunicado el 24 de agosto de 2023 prohibiendo el uso de su imagen en campañas de otros partidos o movimientos, el Tribunal encontró suficiente evidencia en las pruebas presentadas para ordenar la cancelación de su credencial.
La sentencia no solo destaca el apoyo explícito de varios candidatos a Cano, sino también la confirmación de este respaldo por parte de algunos concejales de Itagüí Somos Todos durante el proceso judicial. Aunque Cano ha calificado la decisión como una persecución política, ha anunciado que apelará el fallo ante el Consejo de Estado, confiando en que se revierta la decisión en instancias superiores.
Mientras tanto, el diputado continúa sus labores representativas, reiterando su compromiso con los más de 65,000 votantes que lo respaldaron en las urnas y descartando cualquier rumor de renuncia. La comunidad de Itagüí y seguidores de la política regional aguardan ahora la evolución de este caso que, sin duda, establece un precedente significativo en términos de disciplina partidista y legalidad electoral en Colombia.
