El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras revelaciones sobre el uso de un avión privado propiedad de Pedro Contecha, un ingeniero cuyo empresa posteriormente se adjudicó contratos gubernamentales de gran envergadura. Según informes de La Silla Vacía, durante la campaña presidencial de 2022, Petro utilizó el avión de Contecha para un vuelo entre Bogotá y Natagaima en Huila, que no fue reportado como contribución en las cuentas de campaña, contraviniendo las obligaciones legales.
Diez meses después de asumir la presidencia, la empresa de Contecha, Ingeniería de Vías, fue seleccionada sin licitación para atender una emergencia en la Vía Panamericana en Rosas, Cauca, con un contrato valorado inicialmente en 60 mil millones de pesos, que luego ascendería a 88 mil millones tras varias prórrogas y adiciones. Esta asignación directa ha levantado sospechas de favoritismo, exacerbadas por la falta de transparencia en el uso del avión durante la campaña.
La implicación de figuras prominentes de la política colombiana, quienes también estuvieron en el vuelo, tales como Roy Barreras, ahora embajador en el Reino Unido, y Luis Fernando Velasco, actual ministro del Interior, añade más capas a la polémica. Ninguno de los pasajeros ha admitido conocimiento previo sobre la propiedad del avión, destacando la descoordinación o posibles omisiones en la gestión de la campaña.
El propio Pedro Contecha ha confirmado conocer a Petro, introducido por Roy Barreras, aunque con recuerdos inciertos sobre el uso específico de su avión en la campaña. Esta relación plantea interrogantes no solo sobre la ética de la administración de Petro sino también sobre la integridad de los procesos de contratación pública bajo su gobierno.
Estas revelaciones ocurren en un contexto de escrutinio continuo por parte de la opinión pública y la oposición, que ya han visto varias figuras del gobierno de Petro implicadas en investigaciones por uso indebido de recursos públicos y otras irregularidades. La Procuraduría ha iniciado investigaciones sobre estos hechos, lo que podría llevar a sanciones administrativas o incluso penales para los involucrados si se demuestra mala conducta.
Este escenario complica aún más el panorama para el presidente Petro, quien ha prometido transparencia y un cambio en la política tradicional colombiana, pero se enfrenta a desafíos significativos para mantener esa promesa en medio de crecientes controversias.
