En un hito para la política regional, la Asamblea de Antioquia enfrenta un cambio sin precedentes tras un dictamen del Consejo Nacional Electoral que obliga a la corporación a repetir la elección de su Mesa Directiva. Este fallo, favoreciendo al diputado Manuel García del Pacto Histórico, señala una infracción al estatuto de oposición, un pilar en la estructura democrática diseñado para garantizar la participación equitativa de las voces disidentes en la toma de decisiones.
La controversia surge al inicio del 2024, cuando Andrés Bedoya de Creemos, José Luis Noreña del Centro Democrático y Camilo Calle del Partido Verde, fueron designados en las posiciones clave de la Mesa Directiva, excluyendo así a cualquier representante de los partidos en oposición. Esta configuración, según García, contraviene directamente la ley de oposición, la cual estipula que al menos uno de estos cargos debía ser ocupado por un miembro de la oposición, con el fin de asegurar una representación diversa y equilibrada.
La decisión del Consejo Nacional Electoral no solo recalca la importancia del cumplimiento de las leyes democráticas sino que también pone en evidencia la necesidad de una práctica política transparente y justa. «En Colombia ha hecho curso la frase que ‘echa la ley, echa la trampa'», comentó García, subrayando la importancia de adherirse a los principios democráticos y evitar las maniobras legales que buscan socavarlos. Esta postura refleja un llamado a la acción para que la política colombiana se rija por el respeto a las normativas establecidas y la promoción de una verdadera democracia.
Con la mirada puesta en el futuro, la Asamblea de Antioquia tiene ahora la tarea de organizar una nueva elección para su Mesa Directiva dentro de los dos días siguientes al fallo, un proceso que será observado de cerca por la opinión pública y los partidos políticos a nivel nacional. Este evento no solo determinará la nueva composición de la Mesa Directiva sino que también servirá como un referente para otras corporaciones en el país, donde situaciones similares podrían estar ocurriendo sin el debido escrutinio. Con este precedente, el Consejo Nacional Electoral reafirma su compromiso con la justicia electoral y la protección de los principios democráticos en Colombia.
