En un hecho sin precedentes en la historia judicial colombiana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentará un juicio formal ante la justicia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Este anuncio, realizado por la Fiscalía General de la Nación, marca un punto de inflexión en el escrutinio de las actividades de figuras políticas de alto perfil en Colombia. El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia ha sido el encargado de radicar el escrito de acusación, culminando así una etapa crucial de un proceso que ha capturado la atención pública y mediática desde su apertura en 2018.
La acusación se sustenta en un conjunto robusto de evidencia física y elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, que han llevado a la Fiscalía a determinar la existencia de suficientes méritos para proceder a juicio. En este contexto, el ente acusador ha incorporado nuevas pruebas y elementos de juicio que refuerzan la acusación contra Uribe, acusaciones que se han visto complementadas por intentos anteriores de preclusión infructuosos.
Este juicio no solo es significativo por el alto perfil del acusado, sino también por ser la primera ocasión en que un expresidente colombiano se vea enfrentado a un proceso judicial de esta magnitud. La investigación gira en torno a las alegaciones de que Uribe Vélez, en su momento senador, habría buscado influir en el testimonio de exparamilitares para alterar las evidencias que lo vinculan con grupos paramilitares en Antioquia.
La figura central en este complejo entramado es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien fue abordado por Diego Cadena, abogado de Uribe en ese momento, con el objetivo de persuadirlo para que se retractara de sus declaraciones inculpatorias. Esta estrategia buscaba, además, implicar al senador Iván Cepeda en un supuesto ofrecimiento de beneficios legales a cambio de testimonios adversos hacia Uribe, aunque esta maniobra no prosperó.
El caso, que inicialmente fue competencia de la Corte Suprema de Justicia debido a la posición de Uribe como senador, tomó un nuevo rumbo tras su renuncia al Legislativo, pasando a manos de la Fiscalía. La rama judicial se encuentra ahora ante la tarea de designar el juzgado que llevará a cabo el juicio contra el exmandatario, así como de fijar la fecha para la audiencia de formalización de acusación, en un proceso que se desenvuelve bajo la mirada expectante de la nación y que precluye en 2026.
