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Sector de moteles de La Estrella se une contra la explotación sexual de menores

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En respuesta a recientes incidentes de abuso sexual de menores en moteles, el gremio de estos establecimientos en La Estrella, junto con la alcaldía local y representantes de taxistas, han acordado implementar rigurosas medidas de control para prevenir futuros casos. La iniciativa, anunciada el lunes 8 de abril de 2024, apunta a una vigilancia más estricta de quienes ingresan a estos lugares, buscando asegurar un entorno seguro y respetuoso de las leyes vigentes.

Entre las medidas adoptadas destaca la verificación obligatoria de la documentación de los visitantes, para confirmar que sean mayores de 18 años. Los establecimientos que no cumplan con esta normativa, o permitan el ingreso de menores, enfrentarán severas sanciones, como lo evidenció la clausura temporal de uno de los moteles implicados en un reciente caso de abuso.

Además, se ha dispuesto que vigilantes revisen todos los vehículos y maletas en busca de menores de edad ocultos, una práctica que refleja la determinación de los propietarios de moteles por erradicar el uso de sus servicios para fines ilegales. Los taxistas, por su parte, han comprometido su colaboración, alertando a las autoridades sobre situaciones sospechosas que puedan indicar un riesgo para menores de edad.

Esta colaboración entre el sector privado y las autoridades municipales marca un precedente importante en la lucha contra la explotación sexual de menores en la región. Al adoptar un enfoque proactivo y comunitario, La Estrella se posiciona como un ejemplo de cómo la vigilancia y la responsabilidad compartida pueden contribuir significativamente a la protección de los más vulnerables.

La rápida acción del gremio de moteles, en coordinación con la Alcaldía y los taxistas, subraya el compromiso de la comunidad con la creación de espacios seguros y el respeto por la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los menores. Estas medidas no solo buscan prevenir actos delictivos sino también fortalecer la confianza pública en la capacidad de los sectores involucrados para gestionar sus espacios de manera ética y legal.

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