Las familias de los colombianos encarcelados en Haití, implicados en el asesinato del expresidente Jovenel Moïse, han lanzado una grave denuncia contra la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, liderada por Rodrigo Ricaurte y anteriormente asociada con Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. Según Milena Carmona, vocera del grupo, Ricaurte se ofreció a ayudar en la situación legal de sus familiares en Haití, asegurando tener contactos importantes tanto en Colombia como en Haití que podrían influir positivamente en el caso.
La confianza depositada en Ricaurte llevó a los familiares a reunir y consignar una suma considerable de dinero, con la promesa de que la comisión viajaría a Haití para negociar apoyo y presentar sugerencias jurídicas para agilizar el caso. Sin embargo, tras enviar 5.400.000 pesos colombianos para cubrir los viáticos de Ricaurte a Haití, las familias se vieron enfrentadas a la desaparición de la comunicación con el director de la Comisión, quien más tarde aclaró que, por recomendaciones de seguridad, decidió no viajar a Haití y en su lugar, buscó acercamientos con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, asegurando que el dinero fue destinado para estos nuevos propósitos.
Rodrigo Ricaurte ha negado cualquier acusación de estafa, sosteniendo que la intención de su intervención nunca fue engañar a las familias y que la desvinculación de Juan Fernando Petro de la comisión se debió a que su participación no estaba relacionada con actividades fuera de Colombia. Frente a las dudas sobre su gestión, Ricaurte ha instado a las familias a proceder con denuncias formales ante la Fiscalía para esclarecer la situación. Este incidente ha puesto en relieve la desesperación y la vulnerabilidad de las familias de los detenidos en Haití, quienes buscan justicia y apoyo en un caso que ha capturado la atención internacional.
