El panorama judicial de Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar, se torna cada vez más complejo en medio de un «choque de trenes» jurídico entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Justicia y Paz, con la Corte Constitucional en el horizonte para dirimir la disputa. Recientemente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá retiró tres medidas de aseguramiento contra Mancuso, acercándolo a un posible escenario de libertad. Sin embargo, este avance se ve obstaculizado por las 33 medidas pendientes en Barranquilla y un conflicto de competencias que requiere resolución definitiva.
El magistrado José Manuel Bernal Parra, al frente del caso en Bogotá, señaló la interferencia de la JEP, que reclama exclusividad sobre los casos de Mancuso relacionados con el conflicto armado, contradiciendo previos fallos de la Corte Suprema de Justicia y la propia Corte Constitucional. La JEP, instituida tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, ha sido acusada por el magistrado Bernal Parra de usurpar funciones y competencias que tradicionalmente pertenecían a Justicia y Paz, creada tras la desmovilización paramilitar en 2006.
Este embrollo jurídico plantea preguntas fundamentales sobre la jurisdicción competente para manejar los procesos de Mancuso, quien regresó a Colombia el 27 de febrero tras cumplir una condena en EE. UU. por narcotráfico. La JEP, a través del concepto de «bisagra», se abrió a la posibilidad de incluir a Mancuso dentro de su jurisdicción, una movida que ha generado controversia sobre las delimitaciones legales entre los distintos mecanismos de justicia transicional en Colombia.
La Corte Constitucional tiene ahora la tarea de clarificar este panorama, definiendo qué instancia tiene la autoridad para decidir sobre la libertad de Mancuso y, por extensión, cómo se deben manejar los casos de aquellos involucrados en el conflicto armado que buscan acogerse a los diferentes mecanismos de justicia transicional. Este caso no solo afecta el futuro inmediato de Salvatore Mancuso sino que también podría tener implicaciones significativas en el tratamiento jurídico de excombatientes y en la interpretación de los acuerdos de paz en Colombia.
