La salida de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda ha dejado a la administración de Gustavo Petro en una posición crítica, especialmente en el contexto de la reforma tributaria. A pocos días del cierre de las sesiones legislativas de 2024, el proyecto estrella del Gobierno para estabilizar las finanzas públicas está estancado, sin debates ni ponencia, lo que prácticamente sentencia su inviabilidad.
Desde su radicación el 10 de septiembre, la llamada «tributaria 2.0» ha enfrentado un camino accidentado. Los objetivos iniciales de recaudar $12 billones para cubrir un déficit fiscal proyectado de $22 billones parecen más lejanos que nunca. La falta de consenso entre las bancadas y la oposición abierta de partidos como el Conservador han debilitado la posibilidad de su aprobación, dejando al Ejecutivo sin margen de maniobra para implementar su plan económico.
La renuncia de Bonilla, en medio del escándalo de corrupción por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), agrava aún más la situación. Las acusaciones sobre la posible asignación de $92.000 millones en contratos para garantizar votos parlamentarios han puesto en entredicho la transparencia de la gestión del exministro, lo que debilita aún más la confianza en las iniciativas económicas del Gobierno.
El presidente Petro, en un mensaje público, aseguró que Bonilla fue víctima de una «cacería política» por ser leal a su programa de gobierno, pero esta defensa no ha calmado las aguas. Los sectores económicos y políticos han cuestionado la falta de estrategia para mantener una conducción efectiva de las finanzas públicas en un momento crítico para el país.
La salida de Bonilla y la inminente derrota de la reforma tributaria son señales de un gobierno atrapado entre su discurso de transformación y las realidades políticas y económicas. Sin una hoja de ruta clara para resolver los problemas fiscales, el país podría enfrentar serias consecuencias: un mayor déficit, aumento de la deuda pública y debilitamiento de la confianza de los inversionistas. La designación de Diego Guevara como nuevo ministro de Hacienda deberá venir acompañada de una estrategia urgente y efectiva, o el Gobierno podría encontrar su proyecto económico completamente paralizado.
