El caso del técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, continúa generando controversia en Medellín. Ahora, un grupo de inspectores ha solicitado formalmente que el secretario de Seguridad, Manuel Villa, se declare impedido para tomar la decisión en segunda instancia sobre la sanción contra el entrenador, argumentando que las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez podrían comprometer la imparcialidad del proceso.
Juárez enfrenta una sanción de tres años sin ingreso a los estadios del país y una multa de 26 millones de pesos, tras ser acusado de comportamiento inapropiado durante la final de la Copa Colombia, donde Nacional venció al Medellín. La medida, tomada en primera instancia por una inspectora de policía, ha sido calificada por Gutiérrez como “desproporcionada” y “equivocada”, desatando cuestionamientos sobre la neutralidad de la administración en el proceso.
El recurso de recusación, presentado por inspectores de la ciudad, cita directamente un mensaje publicado por el alcalde en X (antes Twitter), en el que expresó su desacuerdo con la sanción. “No estoy de acuerdo con la decisión en primera instancia de un funcionario que sanciona al técnico del Nacional con 3 años sin poder ingresar al estadio. Solo le faltó expulsarlo de la ciudad”, escribió Gutiérrez. Los inspectores argumentan que este tipo de declaraciones influyen en la autonomía de Villa, subordinado directo del mandatario, y comprometen la legitimidad del fallo en segunda instancia.
En su petición, los inspectores solicitan que el caso sea remitido a la Procuraduría General de la Nación o que se designe un funcionario independiente para revisar la sanción. Según el recurso, “se deben garantizar criterios objetivos y técnicos en la decisión, sin que esta esté influenciada por juicios previos o posturas públicas que puedan contaminar el proceso”.
La polémica pone de relieve tensiones entre la administración municipal y los entes que buscan asegurar la transparencia en el proceso disciplinario. Aunque Gutiérrez defiende su derecho a opinar, las críticas apuntan a que su intervención desvirtúa el carácter autónomo de las decisiones administrativas, algo que podría sentar un precedente delicado para futuros casos.
Este caso trasciende el ámbito deportivo, exponiendo problemas estructurales en la relación entre la política y los procesos disciplinarios. La influencia indebida, real o percibida, socava la credibilidad institucional y pone en jaque la confianza ciudadana en el cumplimiento de la justicia. Si bien el alcalde tiene el derecho de expresar su opinión, la naturaleza de su cargo exige mayor prudencia en temas que involucran decisiones administrativas de sus subalternos. La recusación contra Villa plantea un necesario debate sobre los límites de la autonomía institucional frente a las dinámicas de poder político.
