En Medellín, más de 150.000 viviendas y establecimientos comerciales están afectados por la extorsión disfrazada de servicios de vigilancia, conocida como «vacunas». Este fenómeno, ampliamente extendido en la ciudad, se mantiene en gran medida invisibilizado debido al miedo y la normalización dentro de las comunidades, con solo 759 denuncias registradas en 2024, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).
La modalidad de las «vacunas» implica pagos semanales que oscilan entre $2.000 y $5.000 en zonas residenciales, y de $15.000 a $100.000 para negocios, dependiendo de su tamaño y actividad económica. Estas cifras provienen de un estudio conjunto realizado por las universidades Eafit y Chicago junto con la ONG Innovations for Poverty Actions. En muchas áreas, los «combos» se presentan como proveedores de seguridad, legitimando estos cobros bajo el argumento de proteger a los habitantes y comerciantes de delitos mayores.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, reconoció que la falta de confianza en las autoridades fomenta la dependencia de las estructuras criminales, perpetuando una falsa percepción de seguridad. Villa enfatizó que el miedo y las intimidaciones refuerzan el silencio de las víctimas, quienes a menudo enfrentan represalias si se niegan a pagar estas rentas ilegales.
Desde la Alcaldía y la Policía Metropolitana han reiterado el llamado a la ciudadanía para denunciar a través de las líneas 147 y 165, asegurando anonimato y una tasa de resolución de casos superior al 90 % por parte del Gaula. Sin embargo, expertos como el profesor Santiago Tobón de Eafit subrayan que el mayor desafío radica en la extorsión callejera, que representa la modalidad más preocupante y menos denunciada, frente a la extorsión carcelaria que suele figurar con mayor frecuencia en las estadísticas.
La persistencia de las «vacunas» en Medellín refleja un problema estructural que trasciende lo delictivo, evidenciando una desconexión entre las autoridades y las comunidades. El fortalecimiento de la confianza en las instituciones, combinado con estrategias integrales de desarrollo social, es crucial para enfrentar este flagelo. Sin medidas contundentes, las estructuras criminales seguirán consolidando su control sobre los territorios y afectando gravemente la convivencia ciudadana.
